Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia*
por Alma Ramírez
A finales de marzo, uno de los titulares en varios medios de comunicación de todo el país fue la firma de un documento denominado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, como parte de una estrategia colectiva contra las acciones terroristas de la delincuencia organizada, que permita a los comunicadores realizar su trabajo de forma profesional y segura bajo un contexto de violencia presente en todo el país.
Este compromiso fue signado por 715 medios de comunicación tanto impresos como radiofónicos y televisivos, además de organismos empresariales, universidades y asociaciones civiles, y su espíritu va encaminado a desarrollar un plan consensuado entre los representantes de medios para continuar con su labor en condiciones de riesgo, y así consignar hechos con valor periodístico y al mismo tiempo –según establece el documento– limitar sus efectos propagandísticos en cuanto al crimen organizado se refiere.
Con acciones que van desde la definición de criterios editoriales conjuntos entre las empresas firmantes, el establecimiento de mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado y la protección de periodistas en situaciones de riesgo, hasta puntos concretos como el rechazo tácito a la violencia generada por la delincuencia organizada, evitar los términos o jerga usada por los delincuentes, favorecer la protección a víctimas, vigilar —mediáticamente hablando— el posicionamiento y difusión de imágenes e información, o atribuir directamente responsabilidades en hechos de violencia —perpetrados o detonados como resultado de su combate—, se pretende garantizar coberturas informativas apegadas a los hechos en un país considerado por organismos internacionales como peligroso para ser periodista, todo enfocado a un ejercicio periodístico profesional que provea a la ciudadanía de información veraz, libre, seria, responsable y puntual.
Todo lo anterior sustentado, según el documento, en principios rectores como el respeto a las libertades de expresión e independencia editorial de cada medio, y su obligación de informar con profesionalismo, en un contexto de responsabilidad social.
Posturas
Para Patricia Mercado, directora general del periódico Imagen Informativa, con sede en Zacatecas, y uno de los medios firmantes, el éxito del acuerdo dependerá de que “se realice el grupo de trabajo que vigilará su cumplimiento, pero más importante, quiénes integrarán ese equipo, pues de eso dependerá que los medios participemos activamente”. Una idea similar ofrece Horacio Salazar, director editorial de MILENIO Monterrey, en el sentido de que dependerá de cuánto trabajo real se haga para concretizar las propuestas vertidas en el papel, el primer paso de un difícil proceso que apenas empieza.
“El acuerdo contiene, más que concreciones, principios que se tienen que traducir en definiciones de acción. Va un ejemplo. El primer acuerdo, ‘Tomar postura en contra’, explica que bajo ninguna circunstancia han de justificarse las acciones o los argumentos del crimen organizado y el terrorismo. ¿O sea que qué? ¿Dónde está la rayita?”, cuestiona.
Mientras la postura de directivos alberga esperanza en un acuerdo histórico, otros no piensan igual. Ignacio Alvarado Álvarez, reportero de la Unidad de Investigación de El Universal, con experiencia en cobertura e investigación de temas de seguridad y crimen organizado, califica el acuerdo como un convenio entre dueños y no entre periodistas, y refiere que desde 2008 hubo esfuerzos semejantes, como la Declaración Hermosillo, donde 27 periódicos del norte del país se comprometieron a defender la libertad de expresión y a exigir a las autoridades esclarecer homicidios y secuestros de reporteros que realizaban coberturas de riesgo.
“Se habló igualmente de capacitar a sus reporteros mediante congresos y seminarios. Nada se cumplió. Este nuevo acuerdo —que no logró convocar a la mayoría de las más de 3 mil 700 empresas de comunicación que operan en el país—, dudo que vaya a correr una suerte distinta”, dice. En eso coincide Erick Muñiz, editor del periódico Hora Cero, con presencia en Tamaulipas y Nuevo León, y corresponsal de la AFP.
“Es un compendio de obviedades y buenas intenciones. Las primeras porque marcan pautas que cualquier medio debe seguir y las segundas porque son propuestas demasiado vagas que van a quedar a la conciencia de cada persona. Morirá de inanición ese proyecto”, opina.
Y dado que el fenómeno del narco no es un planteamiento teórico sino algo que se debe vivir, Juan Carlos Rodríguez, reportero de la sección policiaca de Multimedios Televisión, considera crucial incorporar a los acuerdos las experiencias de quienes viven este fenómeno a diario durante las coberturas, si se pretende lograr resultados, en un afán de analizar la problemática antes de atacarla.
Teorías, rumores, especulaciones
El acuerdo fue calificado por algunos como una cortina de humo, intento de censura, incluso una suerte de “línea” editorial. Los entrevistados no están de acuerdo. “Es una visión equivocada, pero sobre todo centralista. Como periodistas no podemos ocultar información sobre la violencia, cuando la tenemos enfrente y la sociedad está alerta de lo que sucede. La censura viene de las amenazas permanentes del narco contra los medios, no del gobierno, opina Mercado.
“Como toda caricatura, la del complot es también simplista, y pasa por alto la situación real en el interior de los medios. El acuerdo nace precisamente como un reconocimiento de que los niveles de violencia son tales que ameritan una estrategia no individual. Si hacemos las cosas con inteligencia, podremos atenuar el riesgo lo suficiente para hacer un trabajo digno”, considera Salazar.
“Un favor al gobierno federal no creo que sea. Hay adictos a la paranoia que ven complots en cada esquina y en este caso muchos estamos de acuerdo con el gobierno federal en que deben resaltarse también las buenas noticias, lo cual no significa ignorar las malas. La teoría del autocontrol me parece más válida, creo que los medios (principalmente las televisoras) quieren aportar”, dice Muñiz.
Ciudadanía
Los alcances del convenio de cobertura informativa de la violencia involucran directamente a la población civil que recibe, consulta o busca en los medios información sobre lo que ocurre en su entorno. Al respecto, con el convenio, la ciudadanía sería beneficiada, a decir de Mercado, con medios que hagan un periodismo más profesional, cuidadoso, que sin dejarlos de informar, ofrezca datos que sirvan para tomar decisiones. Se ofrecería una posibilidad de cierto nivel de cobertura local, agrega Horacio Salazar, y lo deseable es que la evolución del acuerdo fomente mecanismos que restablezcan un “Estado de Información”, para que la gente sepa y no esté alimentada por rumores o miedos.
Por otra parte, Muñiz estima que el único beneficio es el mensaje de unidad entre actores tan disímbolos (los medios) que son competidores entre sí. “La respuesta de la ciudadanía será por demás maniquea: por un lado aplaudiremos el acuerdo pero por otro seguiremos consultando el Blog del narco para maravillarnos /aterrorizarnos con la realidad”.
“No habrá beneficio para la ciudadanía”, concluye Alvarado. “El hecho de que al día siguiente del acuerdo Televisa Monterrey y varias empresas realizaran una cobertura en vivo desde el lugar en que fue hallado el cadáver del presentador José Luis Cerda La Gata, ofrece una pauta de lo difícil que será deshacer esa cultura informativa”.
“Hacer un alto en el camino”
Gran parte del texto del convenio de cobertura enfatiza el manejo de información de forma profesional, cuidadosa y responsable, proteger la identidad de víctimas, apoyarse en fuentes fidedignas y sobre todo, no prejuzgar, principios torales del desempeño de periodistas y empresas de medios, no sólo aplicables al reporteo de noticias relacionadas con el crimen organizado. ¿En alguna parte del camino se dejó de hacer la tarea?
“Los medios dejamos de hacer cosas que debíamos hacer como proteger la identidad de las víctimas, de menores, etcétera. El trabajo día a día convirtió a muchos medios en cazadores de la nota más escandalosa, la que “vende” más, sin importar las consecuencias. Creo que es obligarnos a hacer un alto en el camino para regresar a las bases del periodismo”, refiere Patricia Mercado.
En lo anterior coincide Ignacio Alvarado. “Es un hecho irrefutable. No sólo a través de los tabloides con noticias de orden policiaco las grandes empresas periodísticas relajaron sus manuales de estilo y los códigos de ética. Volver a estos principios debe aceptarse sin recato, aunque en ello vaya implícita la aceptación de que durante años no fue así”.
Para contribuir a un manejo informativo que no vulnere los derechos humanos de personas detenidas en hechos del crimen organizado, en tanto no se compruebe su culpabilidad y en apego a la ética periodística, Muñiz propone que las autoridades uniformen sus criterios a la hora de presentarlos ante la opinión pública, ello como parte de un proceso de definición de estatus legal, y no como una condena a priori, que de no ser confirmada, implique un costo moral para potenciales víctimas.
“Si estas cosas (principios éticos) se omiten nunca falta quien critique. Si no se hubieran puesto, alguien habría salido con que los medios buscan cuidarse el pellejo, no participar en la construcción de un marco informativo más próximo a la realidad”, expresa Horacio Salazar.
Así pues, este acuerdo de cobertura informativa goza del beneficio de la duda, y sólo el tiempo y la voluntad de los firmantes por llevarlo a cabo determinarán —lugar común al fin— su éxito o fracaso, así como su alcance en la calidad de información que será recibida por el público.
*Una versión editada de este texto fue publicada en Vida Universitaria, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junio 2011.
A finales de marzo, uno de los titulares en varios medios de comunicación de todo el país fue la firma de un documento denominado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, como parte de una estrategia colectiva contra las acciones terroristas de la delincuencia organizada, que permita a los comunicadores realizar su trabajo de forma profesional y segura bajo un contexto de violencia presente en todo el país.
Este compromiso fue signado por 715 medios de comunicación tanto impresos como radiofónicos y televisivos, además de organismos empresariales, universidades y asociaciones civiles, y su espíritu va encaminado a desarrollar un plan consensuado entre los representantes de medios para continuar con su labor en condiciones de riesgo, y así consignar hechos con valor periodístico y al mismo tiempo –según establece el documento– limitar sus efectos propagandísticos en cuanto al crimen organizado se refiere.
Con acciones que van desde la definición de criterios editoriales conjuntos entre las empresas firmantes, el establecimiento de mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado y la protección de periodistas en situaciones de riesgo, hasta puntos concretos como el rechazo tácito a la violencia generada por la delincuencia organizada, evitar los términos o jerga usada por los delincuentes, favorecer la protección a víctimas, vigilar —mediáticamente hablando— el posicionamiento y difusión de imágenes e información, o atribuir directamente responsabilidades en hechos de violencia —perpetrados o detonados como resultado de su combate—, se pretende garantizar coberturas informativas apegadas a los hechos en un país considerado por organismos internacionales como peligroso para ser periodista, todo enfocado a un ejercicio periodístico profesional que provea a la ciudadanía de información veraz, libre, seria, responsable y puntual.
Todo lo anterior sustentado, según el documento, en principios rectores como el respeto a las libertades de expresión e independencia editorial de cada medio, y su obligación de informar con profesionalismo, en un contexto de responsabilidad social.
Posturas
Para Patricia Mercado, directora general del periódico Imagen Informativa, con sede en Zacatecas, y uno de los medios firmantes, el éxito del acuerdo dependerá de que “se realice el grupo de trabajo que vigilará su cumplimiento, pero más importante, quiénes integrarán ese equipo, pues de eso dependerá que los medios participemos activamente”. Una idea similar ofrece Horacio Salazar, director editorial de MILENIO Monterrey, en el sentido de que dependerá de cuánto trabajo real se haga para concretizar las propuestas vertidas en el papel, el primer paso de un difícil proceso que apenas empieza.
“El acuerdo contiene, más que concreciones, principios que se tienen que traducir en definiciones de acción. Va un ejemplo. El primer acuerdo, ‘Tomar postura en contra’, explica que bajo ninguna circunstancia han de justificarse las acciones o los argumentos del crimen organizado y el terrorismo. ¿O sea que qué? ¿Dónde está la rayita?”, cuestiona.
Mientras la postura de directivos alberga esperanza en un acuerdo histórico, otros no piensan igual. Ignacio Alvarado Álvarez, reportero de la Unidad de Investigación de El Universal, con experiencia en cobertura e investigación de temas de seguridad y crimen organizado, califica el acuerdo como un convenio entre dueños y no entre periodistas, y refiere que desde 2008 hubo esfuerzos semejantes, como la Declaración Hermosillo, donde 27 periódicos del norte del país se comprometieron a defender la libertad de expresión y a exigir a las autoridades esclarecer homicidios y secuestros de reporteros que realizaban coberturas de riesgo.
“Se habló igualmente de capacitar a sus reporteros mediante congresos y seminarios. Nada se cumplió. Este nuevo acuerdo —que no logró convocar a la mayoría de las más de 3 mil 700 empresas de comunicación que operan en el país—, dudo que vaya a correr una suerte distinta”, dice. En eso coincide Erick Muñiz, editor del periódico Hora Cero, con presencia en Tamaulipas y Nuevo León, y corresponsal de la AFP.
“Es un compendio de obviedades y buenas intenciones. Las primeras porque marcan pautas que cualquier medio debe seguir y las segundas porque son propuestas demasiado vagas que van a quedar a la conciencia de cada persona. Morirá de inanición ese proyecto”, opina.
Y dado que el fenómeno del narco no es un planteamiento teórico sino algo que se debe vivir, Juan Carlos Rodríguez, reportero de la sección policiaca de Multimedios Televisión, considera crucial incorporar a los acuerdos las experiencias de quienes viven este fenómeno a diario durante las coberturas, si se pretende lograr resultados, en un afán de analizar la problemática antes de atacarla.
Teorías, rumores, especulaciones
El acuerdo fue calificado por algunos como una cortina de humo, intento de censura, incluso una suerte de “línea” editorial. Los entrevistados no están de acuerdo. “Es una visión equivocada, pero sobre todo centralista. Como periodistas no podemos ocultar información sobre la violencia, cuando la tenemos enfrente y la sociedad está alerta de lo que sucede. La censura viene de las amenazas permanentes del narco contra los medios, no del gobierno, opina Mercado.
“Como toda caricatura, la del complot es también simplista, y pasa por alto la situación real en el interior de los medios. El acuerdo nace precisamente como un reconocimiento de que los niveles de violencia son tales que ameritan una estrategia no individual. Si hacemos las cosas con inteligencia, podremos atenuar el riesgo lo suficiente para hacer un trabajo digno”, considera Salazar.
“Un favor al gobierno federal no creo que sea. Hay adictos a la paranoia que ven complots en cada esquina y en este caso muchos estamos de acuerdo con el gobierno federal en que deben resaltarse también las buenas noticias, lo cual no significa ignorar las malas. La teoría del autocontrol me parece más válida, creo que los medios (principalmente las televisoras) quieren aportar”, dice Muñiz.
Ciudadanía
Los alcances del convenio de cobertura informativa de la violencia involucran directamente a la población civil que recibe, consulta o busca en los medios información sobre lo que ocurre en su entorno. Al respecto, con el convenio, la ciudadanía sería beneficiada, a decir de Mercado, con medios que hagan un periodismo más profesional, cuidadoso, que sin dejarlos de informar, ofrezca datos que sirvan para tomar decisiones. Se ofrecería una posibilidad de cierto nivel de cobertura local, agrega Horacio Salazar, y lo deseable es que la evolución del acuerdo fomente mecanismos que restablezcan un “Estado de Información”, para que la gente sepa y no esté alimentada por rumores o miedos.
Por otra parte, Muñiz estima que el único beneficio es el mensaje de unidad entre actores tan disímbolos (los medios) que son competidores entre sí. “La respuesta de la ciudadanía será por demás maniquea: por un lado aplaudiremos el acuerdo pero por otro seguiremos consultando el Blog del narco para maravillarnos /aterrorizarnos con la realidad”.
“No habrá beneficio para la ciudadanía”, concluye Alvarado. “El hecho de que al día siguiente del acuerdo Televisa Monterrey y varias empresas realizaran una cobertura en vivo desde el lugar en que fue hallado el cadáver del presentador José Luis Cerda La Gata, ofrece una pauta de lo difícil que será deshacer esa cultura informativa”.
“Hacer un alto en el camino”
Gran parte del texto del convenio de cobertura enfatiza el manejo de información de forma profesional, cuidadosa y responsable, proteger la identidad de víctimas, apoyarse en fuentes fidedignas y sobre todo, no prejuzgar, principios torales del desempeño de periodistas y empresas de medios, no sólo aplicables al reporteo de noticias relacionadas con el crimen organizado. ¿En alguna parte del camino se dejó de hacer la tarea?
“Los medios dejamos de hacer cosas que debíamos hacer como proteger la identidad de las víctimas, de menores, etcétera. El trabajo día a día convirtió a muchos medios en cazadores de la nota más escandalosa, la que “vende” más, sin importar las consecuencias. Creo que es obligarnos a hacer un alto en el camino para regresar a las bases del periodismo”, refiere Patricia Mercado.
En lo anterior coincide Ignacio Alvarado. “Es un hecho irrefutable. No sólo a través de los tabloides con noticias de orden policiaco las grandes empresas periodísticas relajaron sus manuales de estilo y los códigos de ética. Volver a estos principios debe aceptarse sin recato, aunque en ello vaya implícita la aceptación de que durante años no fue así”.
Para contribuir a un manejo informativo que no vulnere los derechos humanos de personas detenidas en hechos del crimen organizado, en tanto no se compruebe su culpabilidad y en apego a la ética periodística, Muñiz propone que las autoridades uniformen sus criterios a la hora de presentarlos ante la opinión pública, ello como parte de un proceso de definición de estatus legal, y no como una condena a priori, que de no ser confirmada, implique un costo moral para potenciales víctimas.
“Si estas cosas (principios éticos) se omiten nunca falta quien critique. Si no se hubieran puesto, alguien habría salido con que los medios buscan cuidarse el pellejo, no participar en la construcción de un marco informativo más próximo a la realidad”, expresa Horacio Salazar.
Así pues, este acuerdo de cobertura informativa goza del beneficio de la duda, y sólo el tiempo y la voluntad de los firmantes por llevarlo a cabo determinarán —lugar común al fin— su éxito o fracaso, así como su alcance en la calidad de información que será recibida por el público.
*Una versión editada de este texto fue publicada en Vida Universitaria, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junio 2011.
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